CE-SEC4-EXP2000-N10081

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – Desapareció al haber sido declarada inexequible la Ley 508 de 1999 / DECAIMIENTO DEL ACTO – Se presenta al haber sido declarado inexequible el acto en el cual se fundamenta el decreto acusado / DEMANDA CONTRA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE SU PRESENTACION – Da lugar a sentencia estimatoria Es de advertir que la Ley 508 de 1999, sustento legal del decreto acusado, fue declarada inexequible a través de la sentencia C-557 de fecha 16 de mayo del año 2000, de suerte que al desaparecer el fundamento legal del decreto reglamentario, nos encontramos frente a un decaimiento del acto administrativo, en los términos del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo que establece en su numeral segundo, que los actos administrativos perderán su fuerza ejecutoria cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho y de derecho, tal como ocurrió en el presente caso al haber sido declarada inexequible la ley que daba sustento al decreto reglamentario parcialmente acusado, mediante sentencia notificada por edicto desfijado el 30 de mayo del año 2000. Por consiguiente y teniendo en cuenta que al momento de presentación de la demanda, 8 de marzo del año 2000, aun no había sido declarada la inexequibilidad de la Ley 508 de 1999 la Sala por tratarse de una acción pública declarará la nulidad del decreto reglamentario aquí acusado que carece de fundamento legal, pues las normas de creación del impuesto son abiertamente inconstitucionales. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN CUARTA Consejero ponente: GERMÁN AYALA MANTILLA Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de noviembre del año dos mil. Radicación número: 1100103270002000001401- 10081 Actor: JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA Referencia: ACCION DE NULIDAD Corresponde a la Sala proferir sentencia en el proceso promovido por el ciudadano JUAN RAFAEL BRAVO ARTEAGA, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta en contra del artículo 7 del Decreto Reglamentario 2578 de 1999, expedido por el Gobierno Nacional, a fin de reglamentar parcialmente la Ley 508 de 1999.

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